Intervencin del fiscal general del estado en el acto previo a la firma del acuerdo de entendimiento entre la fiscala general

INTERVENCIÓN DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO EN EL
ACTO PREVIO A LA FIRMA DEL ACUERDO DE
ENTENDIMIENTO ENTRE LA FISCALÍA GENERAL DEL
ESTADO, EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO Y EL
CONSEJO DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
La presencia del Ministerio Fiscal en este acto previo al día del Consumidor, con ocasión, además, de la firma del acuerdo de entendimiento que desde hoy vinculará a la Fiscalía General del Estado, el Instituto Nacional de Consumo y el Consejo de Consumidores y Usuarios, alcanza una dimensión auténticamente emblemática para la institución que tengo el No son palabras vanas. La misma Constitución que por primera vez en la historia de nuestro país alude, en su artículo 51, a la figura y a los derechos de los consumidores y usuarios, introdujo en 1978 otro factor de profunda trascendencia democrática: la redefinición del Ministerio Público, que, inserto desde entonces en el Poder Judicial, bajo los principios de autonomía orgánica y funcional y de sujeción a la legalidad, asumía una misión históricamente novedosa. La misión de promover la acción de la Justicia no sólo en defensa de la legalidad, como hasta entonces se había formulado su tarea, sino específicamente en defensa de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, procurando con ello la Esa identificación de interés público e interés social, extremadamente relevante a la hora de definir “lo público”, y el mandato constitucional que precisamente coloca al Fiscal en la posición de vanguardia de la defensa de los derechos de todos, convergen en la raíz común del moderno Estado de Derecho. Un modelo de organización social en que la Justicia no guarda relación solo en la confrontación entre intereses de los individuos, o del individuo con el Estado, sino que se amplía y se extiende a la idea misma de colectividad, de sociedad, de interés común, que precisamente por su carácter transversal y compartido, configura un nuevo plano de relaciones El consumidor o el usuario es ciertamente un ciudadano; el ciudadano cuyos derechos quedan amparados en la función tuitiva del Ministerio Público. Pero en las coordenadas del Estado moderno, social, de Derecho, es además un ciudadano proyectado en el mercado. Y esa es, desde el punto de vista del tratamiento jurídico de sus actos, de sus necesidades y de sus problemas, una circunstancia cualificadora absolutamente relevante. En primer lugar, porque la consideración del ciudadano como sujeto inserto en el mercado remite al concepto jurídico relativamente novedoso de los intereses difusos y a los esfuerzos teóricos y normativos que se han hecho en las últimas décadas para reconocer la existencia de ese interés supraindividual, que es colectivo y público, pero es propiamente social, no institucionalmente estatal, y ofrecer por tanto un marco jurídico de protección adecuado. En segundo lugar, porque precisamente por esa dimensión social, en ese contexto la figura del consumidor y usuario reenvía casi sustancialmente a la idea de colectividad. Y es ahí, en el plano en el que el ciudadano es, además de individuo, sujeto de un grupo, donde la tarea que la Constitución atribuye al Fiscal, consistente en la defensa del interés social como forma y vehículo de la defensa de los derechos de los ciudadanos, cobra su más pleno sentido. El Estado de bienestar es el Estado de Derecho reformulado como Estado de los derechos de quienes colectivamente, masivamente, agregando sus individualidades, crean, mueven y condicionan la vida económica y social. Hoy, cuando se habla de los mercados como entes de apariencia casi física que condicionan o amenazan la pervivencia de los gobiernos o la tranquilidad de los pueblos, la defensa de los derechos de los ciudadanos en el mercado se torna, obviamente, en una de las claves estratégicas de la defensa del Estado de Derecho. Es decir, de vieja pero -por ahora no mejorada- idea de que la ley está por encima de todos. Y como no todos tienen la misma fuerza y el mismo poder para procurar su aplicación, es por lo que a la fuerza que nace de la unión, a la legitimidad colectiva que surge de la identidad de derechos de los individuos, se suma la capacidad y la dedicación de una institución como el Ministerio Fiscal, precisamente especializado en hacer valer la ley por Por eso estoy aquí, como Fiscal General del Estado, precisamente para dejar constancia de que en el Ministerio Público tenemos muy clara la importancia de ese hecho social y normativo, y hemos actuado en Los fiscales han afrontado con rigor y con entusiasmo el reto. Este acuerdo que hoy firmamos no es más que la confirmación formal y pública de ese compromiso, pero la apuesta viene hecha desde atrás, y el compromiso está ya sellado por la evidencia de los hechos. En noviembre del pasado año dictamos una Circular de la Fiscalía General del Estado, la Circular 2/2010, cuyo objeto específico es, precisamente, regular, coordinar y hacer efectiva la intervención del ministerio fiscal en el orden civil para la protección de los consumidores y usuarios. En ella, al hilo de la reforma del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, pero en realidad con un alcance más amplio, hemos reconfigurado completamente la posición y la actuación del Ministerio Fiscal en el ámbito de la protección jurídica del Esa Circular organiza la coordinación y dirección de la materia a nivel estatal, bajo la autoridad de un Fiscal de Sala, que es el Fiscal Jefe de la Sala Civil del Tribunal Supremo, y establece pautas concretas de organización y funcionamiento para ordenar el ejercicio por parte del Ministerio Fiscal de las acciones judiciales para las que está legitimado, tanto la llamada acción de cesación como el resto de las que principalmente le otorgan la ley mencionada de Defensa de Consumidores y Usuarios, y la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. Propugnando, y quiero subrayar este aspecto, una actitud vigilante y netamente proactiva de las Fiscalías, que a través de la incoación de las correspondientes diligencias internas han de examinar los hechos, las posibilidades de intervención del Fiscal, y adoptar las decisiones oportunas para que el papel del Ministerio Público en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios sea realmente efectivo y eficaz. Y ya hemos demostrado en algún caso que lo es, hasta el punto de haber obtenido reconocimientos públicos, como en el caso ejemplar de la Fiscalía de Córdoba, anterior incluso al documento que menciono. Complementariamente, se articula también en la misma Circular un específico sistema de coordinación, información y aseguramiento de la unidad de actuación que es propia del Ministerio Fiscal, respecto de todas las demás intervenciones en distintos procesos civiles en que la Ley de Enjuiciamiento Civil permite o exige nuestra presencia, no ya como parte actora, sino como parte dictaminadora o incluso demandada, en defensa de Debo dejar constancia de que la aplicación de esta Circular está exigiendo un enorme esfuerzo reorganizativo en las Fiscalías, que debe ser valorado a la hora de tomar en consideración el ritmo con que podamos Justamente para contribuir a facilitar y acelerar esa transformación, celebramos la iniciativa compartida de dar vida a un acuerdo de entendimiento como el que hoy firmamos, que precisamente tiene por objeto agilizar y optimizar los cauces de transmisión de la información, analizar los problemas con perspectiva compartida, y colaborar con esos mismos objetivos en el plano de la formación y el intercambio de Es para nosotros una gran oportunidad, una gran satisfacción y un gran desafío, porque Ministerio Fiscal tiene aquí la valiosa oportunidad de presentarse revestido de su especificidad constitucional y democrática. Como el artífice efectivo y cercano de la legalidad entendida como marco de los derechos, de la defensa del ciudadano en un terreno en el que la fuerza institucional de la que somos portadores se pone al servicio de un interés netamente social, y aporta el valor añadido de nuestra posición de salvaguarda del Estado de Derecho. Es nuestra obligación, pero también es seguramente, en el seno de una sociedad y de una economía desarrolladas, la parte más innovadora y más valiosa de nuestro compromiso. Por eso es una gran satisfacción estar aquí, y firmar ese documento.

Source: http://publicaciones.adicae.net/publicaciones/pdf/intervencionFiscal.pdf