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La dinámica del conflicto colombiano, 1988-2003†
Este documento presenta una base de datos detallada sobre el conflicto civil colombiano durante el período 1988-2003. Después de explicar la metodología empleada, presenta la evolución en el tiempo de las acciones del conflicto y las medidas de intensidad asociadas con estas acciones para todos los grupos que hacen parte de la confrontación. También describe el patrón de victimización por grupos y la victimización de civiles. Esta versión: Viernes, 03 de Septiembre de 2004 † Algunas secciones del presente documento aparecerán próximamente en inglés en la revista Homo Oeconomicus. Este documento se enriqueció con los comentarios recibidos durante seminarios en el Banco de la República, CINEP, Departamento Nacional de Planeación, Universidad de los Andes y Vicepresidencia de la República en Colombia, así como en St. Antony’s College Oxford y Royal Holloway College. También agradecemos comentarios detallados a versiones previas por parte de Jurgen M. Brauer, Sunil Dasgupta, Mario Ferrero, Fernán González, Astrid Martínez, Andrés Peñate, Eduardo Posada Carbó y Jorge Enrique Vargas. Este trabajo fue posible gracias a la excelente asistencia de investigación de Ana Cristina Restrepo. Los errores y omisiones son nuestra responsabilidad. El Research Support Fund y el Departamento de Economía de Royal Holloway contribuyeron a cubrir los gastos de creación de esta base de datos. Restrepo agradece el apoyo financiero del Banco de la República. Introducción
La existencia de conflictos al interior de una sociedad es un fenómeno natural pues siempre existirán grupos sociales con intereses divergentes. La resolución no violenta de estos conflictos, sin embargo, depende de la capacidad que tengan los mecanismos institucionales de esa sociedad para proveer arreglos compatibles con los incentivos de los diferentes grupos sociales y las preferencias de los individuos que los conforman. Los conflictos violentos, por otra parte, no se dan en el vacío. Se presentan en medio de un complejo sustrato de actividades productivas y de depredación de rentas legales e ilegales que les hacen viables financieramente. El análisis de los conflictos violentos que se pueden dar al interior de una sociedad ha de considerar, por lo tanto, la naturaleza de los diferentes grupos que intervienen en la confrontación violenta, las víctimas y los métodos mediante los cuales se ejerce la violencia, los intereses que mueven a los grupos en confrontación, las condiciones en las que surge el conflicto y las fallas institucionales que permiten que la violencia continúe siendo un mecanismo de resolución de disputas y de apropiación de recursos. De inmediato surgen múltiples preguntas. ¿Cuál es la intensidad de un conflicto interno? ¿Cómo medir su impacto en términos humanos, sobre la sociedad y sobre la economía? En el caso de Colombia, ¿cuál es la naturaleza del conflicto armado? ¿Estamos en una guerra civil? ¿Cuál es la relación que existe entre el conflicto armado y el crimen organizado? ¿Son las violaciones a los derechos humanos un resultado del conflicto? ¿Cuáles son las técnicas de guerra que usan las partes en conflicto? ¿Es el conflicto colombiano, por los métodos que en él se utilizan, terrorista? ¿Es el conflicto armado interno el causante del crimen violento y la violencia en Colombia? Si bien se puede dar respuesta a muchos de estos interrogantes sin el uso de herramientas cuantitativas, es evidente que contar con información precisa sobre el conflicto es crucial para mejorar la calidad y precisión del análisis. Pero esta información es escasa y de baja calidad, cuando existe. La economía del desarrollo se ha ocupado poco de estudiar los conflictos, concentrándose en examinar los problemas de desarrollo cuando prevalece la calma en la sociedad. En una revisión bibliográfica de los trece principales textos de desarrollo económico, por ejemplo, no encontramos una sola mención a temas relacionados con conflictos violentos. Existe, sin embargo, un conjunto de trabajos de tipo econométrico que sirvieron de base al Banco Mundial (2003) para su reciente publicación sobre las causas y posibles curas para los conflictos internos. Estos trabajos constituyen la literatura más conocida en materia de economía y conflicto. El eje de este enfoque lo constituye el gran énfasis que se hace en la viabilidad financiera de los conflictos internos, otorgando menor importancia a las características de los grupos en conflicto o a los fundamentos ideológicos como ha sido tradicional en otros análisis. La principal herramienta metodológica de estos estudios es el uso de regresiones de corte transversal donde la unidad de análisis estadístico son los países en los que ocurren los conflictos. La excepción, en materia de estudios empíricos, la constituye el trabajo de Deininger (2003) quien utiliza datos a nivel de hogares para analizar los patrones de victimización y participación en el conflicto de Uganda, desde una perspectiva económica. Por otra parte está la vasta y cada vez más extensa literatura económica que analiza los conflictos internos desde una perspectiva puramente teórica, esto es, mediante el uso de modelos basados en la racionalidad económica. Los libros de Garfinkel y Skaperdas (1996), Sandler (2000) y Breton et al. (2002) son especialmente útiles para una primera aproximación a esta literatura, por cierto bastante desconocida en Colombia. Estos trabajos tienden a ver los conflictos internos como una lucha entre grupos sociales por recursos con valor económico (o por el valor económico del poder político). Esta lucha puede expresarse de forma violenta cuando existe una falla institucional severa que impide la resolución pacífica de las diferencias entre dos o más grupos sociales. Esta visión es consistente con el enfoque recién mencionado que privilegia la viabilidad: sin financiación, no existe la posibilidad de organizar un grupo rebelde, aun cuando su motivación última no necesariamente descansa en las actividades depredadoras. El desarrollo de estos modelos ha producido interesantes resultados teóricos pero ha estado limitado por la ausencia de trabajos empíricos que contrasten estas teorías. Una importante excepción son los trabajos sobre terrorismo en los cuales la literatura económica ha podido desarrollar un buen trabajo teórico soportado en ejercicios econométricos (véase, por ejemplo Enders and Sandler, 2000). Esto último, sin embargo, está sólo parcialmente relacionado con los conflictos civiles. También en otras ciencias sociales, diferentes a la economía, hay excelentes trabajos sobre conflictos internos, y en el caso Colombiano existe un buen número de estudios de gran calidad académica. Sin embargo, sea cual fuere el enfoque argumentativo, existe la posibilidad de mejorar el análisis de conflictos mediante estudios cimentados en bases de datos sólidas. Desafortunadamente estas bases de datos son muy escasas, haciendo que muchas de las hipótesis de estos estudios sean difíciles de probar. En este documento presentamos los resultados de un esfuerzo por construir una base de datos sobre el conflicto colombiano. 1 Nos limitamos a presentar la metodología usada para aproximar las acciones de conflicto de todos los grupos que participan en la confrontación, los patrones básicos del conflicto colombiano desde 1988 y los efectos que estas acciones tienen en términos de víctimas; lo que hemos llamado la “intensidad” del conflicto. No introduciremos en este trabajo las particularidades del conflicto colombiano o la literatura económica que se ha ocupado de estudiarlo en años recientes, pues otros documentos en este mismo volumen se ocupan del tema. Basta con decir que nuestra base de datos nos permite estudiar el conflicto desde 1988, pocos años después de la ruptura de las negociaciones entre el Gobierno de Belisario Betancur y diferentes grupos guerrilleros. Este período, entre 1988 y 2003, constituye el de mayor intensidad y complejidad en el conflicto interno Colombiano. En este intervienen, al nivel máximo de agregación posible según grupos, las Fuerzas Militares y de Policía por parte del Estado Colombiano, grupos guerrilleros insurreccionarios y grupos paramilitares ilegales. Problemas metodológicos en la medición del conflicto
Existen muy pocas bases de datos de conflictos internos, y casi ninguna es de acceso público. La recolección de datos en medio de un conflicto violento no es sólo complicada sino riesgosa. La información se utiliza como arma, tanto para ganar apoyo como para afectar o desacreditar al oponente. Los grupos armados actúan mediante amenazas y la generación de temor, lo cual obstaculiza el flujo y la calidad de la información. Muchas de las acciones militares y de grupos insurreccionarios son secretas, clandestinas o ilegales, dificultando su conocimiento. Las guerras civiles y conflictos internos se concentran en países pobres, y en regiones pobres y aisladas de éstos, de manera que las deficiencias institucionales ligadas a la 1 En este documento nos referiremos en algunas ocasiones al “conflicto” o al “conflicto interno” para facilitar la lectura del mismo y evitar ser repetitivos. Sin embargo, en todos estos casos hacemos referencia al conflicto violento entre organizaciones armadas en Colombia. pobreza y el subdesarrollo dificultan aún más la recolección de datos. Cuando un régimen político está bajo ataque, la recolección de datos no es una prioridad. Incluso en países ricos que han experimentado o experimentan conflictos, como Irlanda y España, hay pocos datos disponibles. Pero aún en aquellos pocos casos en los que existen datos sistemáticos éstos tienen serios problemas. En general tienen muy baja frecuencia (usualmente anual), están demasiado agregados a nivel geográfico, cubren un período de tiempo breve y los criterios de recolección y clasificación son muy pobres. El principal problema, de hecho, lo constituye el diseño de la base de datos y los métodos para su categorización. La mayor parte de las bases de datos no están diseñadas para medir el conflicto o aspectos particulares de éste. Por ejemplo, en muchas ocasiones la información proviene de fuentes criminológicas o de salud pública, que en realidad han sido diseñadas para objetivos diferentes. En efecto, no incluyen una medición de las acciones específicas que se pueden considerar como propias al conflicto ni el impacto o intensidad que estas acciones causan.2 Puede también existir un sesgo de inclusión, pues las organizaciones que recogen la información pueden ser objeto de acciones por algunos de los grupos en conflicto. La clasificación misma de los eventos puede implicar una asignación de responsabilidad, lo cual también es problemático. Por ejemplo, cualquier ejército tiene fuertes incentivos para incluir dentro de la categoría de combatientes el mayor número de víctimas, en vez de incluirlos como civiles. Con todos estos problemas, no es extraño que haya tan pocos estudios empíricos sobre un conflicto interno particular. Las bases de datos de conflicto en Colombia
En el caso de Colombia, las bases de datos de acceso público sufren de algunos de estos problemas así como de deficiencias de cobertura. Por ejemplo, la base de criminalidad de la Policía Nacional, tal vez la base más usada para aproximar la dinámica del conflicto en Colombia, incluye información sobre ataques de la guerrilla pero no información de otros grupos o instituciones. Esta información tiene datos diarios, pero sólo desde 1993 y la lista de eventos no tiene asociada una medición de intensidad como por ejemplo el número de víctimas mortales. La fuente que da origen a los datos son los reportes de las autoridades locales de policía o los eventos que la policía misma conoce, excluyendo por lo tanto eventos que no son reportados a las autoridades, particularmente aquellos que ocurren en áreas fuera del alcance institucional de la Policía Nacional. Los combates entre la fuerza pública, los diferentes grupos guerrilleros y los grupos paramilitares ilegales no son registrados en esta base de datos, pues no necesariamente la policía interviene o conoce de estos casos. Algunos ataques de la guerrilla o los paramilitares ilegales tampoco aparecen registrados en esta base. También hay bases de datos de criminalidad, disponibles desde 1960, pero su uso es problemático por la tipología que maneja, y el trabajo de construcción de una serie consistente es casi imposible. En particular, es muy difícil aislar los eventos que hacen parte del conflicto armado de las varias formas de crimen organizado, crimen común y otros tipos de actos violentos. 2 Cuando nos referimos aquí a la intensidad del conflicto, hablamos de una medida objetiva del impacto que cada evento del conflicto tiene. Esta distinción fue hecha por primera vez por Singer y Small (1982) en su trabajo pionero sobre conflictos internos y guerras. Usualmente la intensidad es medida como el número de víctimas, es decir el número de individuos muertos o heridos, o por el tamaño del área geográfica afectada por las hostilidades. Hay, por supuesto, otras bases de datos, en el DAS, el Ministerio de Defensa y la Presidencia de la República, pero el acceso a las mismas es restringido o sólo se logra obtener datos ya procesados con alta agregación temporal o geográfica, no los eventos que constituyen la información como tal. Algunas ONG, como País Libre, CODHES y el CINEP han hecho un trabajo formidable para recopilar datos y construir información confiable sobre aspectos específicos del conflicto pero no proveen una imagen completa de éste. En particular País Libre ha construido una excelente base sobre secuestros, CODHES sobre desplazamiento forzado interno y el CINEP sobre “Violencia Política”, concepto que se examina más adelante. Criterios metodológicos utilizados
Para intentar llenar este vacío de información decidimos crear una base de datos que proveyese una imagen lo más precisa posible del conflicto colombiano utilizando criterios metodológicos especialmente diseñados y un listado de eventos lo más amplio posible. Esta base fue creada utilizando como fuente principal la lista de eventos publicada en las revistas periódicas Justicia y Paz y Noche y Niebla, publicadas por CINEP y la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz. Este listado es la colección más completa de eventos a la que el público pueda tener acceso en Colombia. Otras fuentes, como reportes de casos por parte de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y fuentes de prensa, fueron utilizadas tanto para verificar como para complementar esta fuente principal. Estas dos organizaciones iniciaron un trabajo conjunto en 1987, con el objeto de documentar la “violencia política” en Colombia y de medir su impacto en la población, mediante la generación de indicadores de derechos humanos. La revista Justicia y Paz apareció por primera vez en 1988. En 1996 esta revista fue reemplazada por Noche y Niebla, al tiempo que se incluyeron nuevas categorías analíticas, principalmente para la medición de violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. CINEP cuenta de hecho con su propia base de datos sobre violencia política. Pero no son los datos ya procesados a los que recurrimos para construir nuestras series. Como ya se mencionó, las dos publicaciones presentan una descripción detallada y cronológicamente ordenada de eventos violentos ocurridos. La descripción incluye el lugar de ocurrencia, la fecha, un relato de lo sucedido, las victimas y su condición, los grupos o instituciones a los que pertenecen estas víctimas cuando se conocen y los grupos que efectuaron la acción o intervinieron en el evento. Algunos de estos registros describen amenazas, secuestros individuales, detenciones, robos y asesinatos, mientras que otros registran acciones bélicas propiamente dichas. CINEP y Justicia y Paz reportan dos tipos de fuentes para la recopilación de estos eventos. En primer lugar, artículos de prensa de más de 20 publicaciones periódicas y en segundo lugar, reportes recolectados directamente por una extensa red de colaboradores de las dos instituciones, incluyendo funcionarios gubernamentales, miembros de comunidades religiosas y organizaciones populares. Como referiremos más adelante, en nuestro control de calidad de la información no encontramos problemas de cobertura notorios, aún cuando, como es obvio, es imposible capturar cada uno de los eventos del conflicto en cada área del país. En relación con la metodología aplicada en la recolección inicial, la revista busca registrar todos los actos de “violencia política” definida como “…aquella ejercida como medio de lucha político-social, ya sea con el fin de mantener, modificar, sustituir o destruir un modelo de Estado o de sociedad, o también para destruir o reprimir a un grupo humano con identidad dentro de la sociedad por su afinidad social, política, gremial, étnica, racial, religiosa, cultural o ideológica, esté o no organizado.” De esta manera, una gran parte de los eventos incluidos siguen un claro criterio de motivación o dolo detrás del acto violento; esto es, no se trata de actos fortuitos. Un segundo criterio clave es que las interacciones violentas estén definidas según grupos que las causan o son víctimas.3 Tanto uno como otro criterio son consistentes con la visión de consenso de los conflictos violentos que se ha venido construyendo en la teoría económica. Esta visión distingue el conflicto violento del crimen organizado violento, pues el primero ocurre entre grupos sociales organizados que se enfrentan por una diferencia en sus preferencias mientras el segundo supone un proceso de depredación de rentas de manera exclusiva4. Recurrir a este tipo de definición nos permite excluir aquellos eventos que son puramente criminales. Es precisamente esta característica la que le da valor especial a nuestra base de datos en el marco del análisis de las guerras civiles y los conflictos internos. Desde luego que el límite entre la violencia política y la violencia criminal es en muchas ocasiones difuso y ambos tipos de actividades tienen una interacción dinámica.5 Es tal vez ésta, en nuestro concepto, una de las preguntas más interesantes en materia de investigación sobre conflictos armados. En principio, durante las guerras civiles y los conflictos violentos se observa que los grupos armados con frecuencia recurren al crimen organizado como una forma de financiamiento. Sin embargo, asimilar el conflicto interno a un crimen organizado a gran escala constituye, a nuestro juicio, un error en materia de apreciación del fenómeno desde una óptica económica.6 CINEP mismo ha producido un interesante trabajo con base en estos registros. González et al. (2003), por ejemplo, presenta una lectura y un análisis que se concentra en cuantificar las violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario a consecuencia del conflicto interno. Sin embargo, dado que las acciones de conflicto y de violencia política pueden simultáneamente violar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, existen grandes intersecciones entre una y otra categoría lo que complica la cuantificación del efecto del conflicto sobre los derechos humanos. La definición de lo que son violaciones a un estatuto legal, en este caso al derecho internacional humanitario y la carta de derechos humanos, también presenta problemas que no dejan de ser triviales y que tienen un efecto importante sobre los resultados. En nuestra metodología tratamos de evitar estos dos problemas. Así, en la construcción de nuestra base de datos, incluimos sólo aquellas acciones que, dada la descripción detallada del evento, consideramos como acciones bélicas siguiendo 3 La Organización Mundial de la Salud se refiere a “violencia colectiva” como el uso instrumental de la violencia por parte de individuos que se consideran como parte de un grupo, bien sea de manera transitoria o permanente, en contra de otro grupo o conjunto de individuos, con el objeto de lograr objetivos políticos, económicos o sociales. 4 Una buena presentación de esta concepción se encuentra en el trabajo de Esteban y Ray (1999). 5 Reportes recientes de guerras civiles, como los de Marshall y Gurr (2003) y el Banco Mundial (2003), enfatizan la significancia de las actividades criminales organizadas en la financiación de los conflictos violentos en, entre otros, Afganistán, Argelia, los Balcanes, Colombia, Perú y Turquía. 6 La diferencia está en que las organizaciones insurreccionarias, por ejemplo, acuden al crimen organizado para financiar sus operaciones y gracias al acceso que tienen al ejercicio de la violencia. Esto no quiere decir que estas necesariamente persigan los mismos objetivos que organizaciones del crimen, en tanto los réditos de sus actividades criminales tienden a ser reinvertidos en la empresa insurreccionaria, esto es, en el mantenimiento y la expansión del aparato militar destinado al ejercicio de la violencia. Para una discusión extensa sobre este tema vea (Restrepo, 2001). nuestros criterios de motivación y acción de grupo. De esta manera, nos concentramos en lo que es el lado “clásico” de una guerra; esto es, aquellos episodios violentos que son parte del conflicto interno colombiano y no los casos de crimen común o crimen organizado. Por otra parte, evitamos problemas de doble conteo o sobreestimación, pues los criterios mismos que hemos definido no permiten que esto suceda. Tampoco existe un sesgo de clasificación o inclusión hacia algún grupo en particular, pues se incluyen acciones de todos los grupos y los criterios aplican por igual a todos ellos.7 Es por esto que en algunos casos se denominará como ataques a acciones de cualquiera de las partes en conflicto. Más que atribuir una categoría moral o legitimidad a estas acciones queremos diferenciarlas en términos de la existencia o no de una confrontación. En síntesis, incluimos aquellos eventos de claro contenido militar que afectan la seguridad humana. Nuestra base de datos, alimentada en parte con estos registros, está organizada con base en eventos. Para cada evento se incluye un conjunto de características incluyendo una medición de la intensidad asociada al evento en la forma de un conteo de los individuos muertos, heridos, detenidos o retenidos.8 Dentro de las características se incluye información de localización geográfica, el tipo de evento y los grupos que tomaron parte en el evento. Las mediciones de intensidad se hacen catalogando las víctimas en el evento según su pertenencia o no a alguno de los grupos armados.9 Cuando en una acción única tienen lugar varios eventos bélicos, se incluyen todos los eventos. Si, por ejemplo, durante una incursión guerrillera a una población se presenta un intercambio de disparos con miembros de la policía, se codifican ambos eventos (esto es: un ataque y un combate) incluyendo una medida de intensidad de éstos. En efecto, una pieza fundamental de nuestra metodología es la distinción entre ataques y combates. Definimos un ataque como un evento que no tiene oposición activa de otro grupo armado. Un combate, por el contrario, sí supone oposición activa que resulta en un intercambio de fuego entre dos o más grupos. De esta manera, un encuentro entre dos grupos que resulta en un intercambio violento armado es un combate. En muchos casos, sin embargo, los combates son precedidos por un ataque. Esta distinción es muy útil, pues permite diferenciar las formas de actuar de los diferentes grupos que toman parte en las hostilidades en un conflicto interno. Además, creemos que es de suma importancia mantener esta distinción, pues la asimetría en las “tecnologías de guerra” es una característica fundamental de los conflictos internos. Así, se podrán distinguir las acciones de los diferentes grupos de acuerdo con diferencias en su forma de actuar y la manera en la que éstas inciden en una mayor o menor intensidad en el conflicto. Un combate entre un grupo guerrillero y un grupo paramilitar ilegal, sin un ataque previo, aparecerá como un combate; la destrucción de un puente como un ataque; y si ésta lleva a una reacción que termina en un enfrentamiento, aparecerá también un combate ligado a este ataque. 7 Este criterio nuestro no necesariamente corresponde a las “acciones de guerra” definidas como tal por la Convención de Ginebra, en el sentido de legalidad y proporcionalidad de esas acciones. En nuestro caso podemos incluir un amplio rango de acciones de guerra que no necesariamente son “legales” según el derecho internacional. 8 La distinción entre detención y retención en nuestro caso hace referencia al control del individuo que ha sido privado de la libertad. Si la persona se encuentra en manos de agentes u organismos del Estado se considera como detenida, independientemente de la legalidad de esa acción. Se considera como retenida si está en manos de un grupo no estatal. 9 Cuando no hay identificación expresa de una víctima como perteneciente a un grupo armado, se utiliza la información registrada en el evento, la participación activa en el evento como parte de un grupo armado, el porte de distintivos y uniformes y el porte de armas como criterios de clasificación. Estos criterios son consistentes con el derecho internacional humanitario para la clasificación de los civiles, como aquellos que no toman parte activa en la contienda militar. Como es obvio, existen casos de individuos cuya pertenencia a uno u otro grupo no es conocida, caso en el cual se registran como desconocidos. Aplicamos un estricto control de calidad tanto en la inclusión de eventos como en el uso de nuestros criterios y la introducción de los datos en nuestra base. En primer lugar se realizó un muestreo aleatorio a una cantidad importante de eventos de la base final, muestra que se comparó con la fuente original para asegurar la correcta aplicación de los criterios y el registro de datos. En segundo lugar se realizó un nuevo chequeo aleatorio que se comparó con fuentes alternativas, principalmente archivos de prensa, para asegurar la calidad de la información registrada en esta. En tercer lugar, se estudiaron los eventos de gran intensidad y se comparó la información con fuentes alternativas. Por último se usaron listados de eventos de fuentes alternativas para asegurar su inclusión y la calidad de la información. La base resultante tiene pues varias características positivas. Contamos con datos agregados a diferentes frecuencias, incluso a nivel diario. Dado que los datos no han sido recogidos por los grupos que hacen parte del conflicto el sesgo por inclusión es mínimo sin sacrificar cobertura. Se incluyen las acciones de todos los grupos. Finalmente, la recolección de datos se hizo desde un comienzo para evaluar el impacto del conflicto, sin que se tratara de una base de datos derivada de datos criminológicos o de salud pública. Desde luego no se trata de un inventario completo y exhaustivo de todas las acciones de conflicto por parte de todos y cada uno de los grupos que toman parte en él. Un conflicto interno es per se complejo. Se usan múltiples métodos, violentos y no violentos, y existen actividades muy difíciles de medir, como amenazas, patrullajes y acciones de propaganda. Incluso hay acciones violentas que son clandestinas o nunca se conocen a nivel público. Muchas otras acciones, por su naturaleza, tienden a no ser reportadas, como la extorsión, las amenazas o los secuestros. En general, muchos otros métodos, además de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza, tienen un rol importante en la dinámica de un conflicto. Sin embargo, estamos convencidos de que este conjunto de datos nos permite realizar un análisis a profundidad y de mediano plazo de las principales características del conflicto, pues se concentra en las variables más importantes y públicas del accionar de los grupos que en él tienen lugar. Como tal creemos que es un avance importante no sólo sobre los datos que existían hasta ahora sobre el conflicto colombiano, sino sobre los conflictos internos en general. Una mirada a los datos
5.1 Tendencias generales de la dinámica del conflicto Comenzamos nuestro análisis en los niveles más agregados de actividad e intensidad del conflicto. El gráfico 1 muestra la evolución del número de eventos así como una medida de intensidad (muertos más heridos). Los eventos de conflicto, que incluyen combates y ataques, han crecido de manera sostenida desde 1998 después de una caída moderada que se inició en 1992.10 Por su parte, la medida de intensidad presenta un cambio en la tendencia a la baja en 1996 creciendo más rápido que la serie de eventos. En efecto, el conflicto se tornó más activo y letal a finales de los noventa. Sin embargo, durante el último año incluido apreciamos una caída sustancial tanto de la intensidad como de la actividad del conflicto. El gráfico también reporta la tasa de homicidios por 100 mil habitantes. Es claro que, a nivel nacional, la dinámica del conflicto tanto en términos de número de eventos como en 10 Como se mencionó entendemos por combate una confrontación directa entre dos grupos armados que implica el intercambio de fuego. Los ataques, por el contrario, son acciones unilaterales que no necesariamente implican intercambio de fuego. términos de su intensidad, no sigue la misma tendencia de la tasa de homicidios. Por el contrario, la relación entre el número de muertes y heridos directamente atribuibles al conflicto armado interno muestra una compleja relación con la violencia homicida. Este hecho llama a la cautela en relación con los hallazgos en aquellos estudios que buscan estudiar el conflicto interno mediante el uso de la violencia homicida como medida de intensidad. En la literatura internacional la guerra de guerrillas suele ser catalogada como “conflicto de baja intensidad”, lo cual describe razonablemente el caso colombiano. En 16 años de cobertura de nuestra base de datos, 52.104 víctimas (muertos o heridos) se pueden atribuir directamente al conflicto. Ello arroja un promedio de 3.256 víctimas al año (2.183 de las cuales son muertos). Con ánimo comparativo, considérese el número de víctimas en las guerras externas en las cuales estuvieron involucrados los Estados Unidos: la Segunda Guerra Mundial produjo 291.557 víctimas estadounidenses, la guerra de Corea 33.651 y la guerra de Vietnam 47.378 (Registro del Departamento de Defensa de Estados Unidos, 2001). Algunas cifras aproximadas de muertes directamente asociadas con conflictos internos son las del conflicto en Sri Lanka el cual ha producido un promedio de 2.000 muertes anuales durante los últimos 19 años y el conflicto en Nepal que arroja un promedio de 1.000 muertes anuales desde 1997. El número de homicidios en Colombia (cifra que presumiblemente incluye la mayoría, si no todas, de muertes registradas por nosotros, alcanzó en 2002 la cifra de 28.837 después de caer a 23.095 en 1998 desde de su pico previo de 28.280 en 1991.11 La razón de muertos a heridos nos permite tener una medida simple de la letalidad del conflicto. A lo largo del período de estudio el número de muertes por cada herido alcanzó 2,03; esto es, en promedio durante las acciones de conflicto en los últimos 16 años el número de muertes ha sido el doble al número de heridos. Esta medida descendió de manera casi continua hasta 1999, cuando salta hasta 2,55. Desde entonces la razón cayó, de nuevo de forma continua, hasta 2003 cuando se presenta un incremento en el coeficiente que lo ubica en 1,95 muertes por cada herido. Otra medida de letalidad la da el número promedio de víctimas por evento que es de 2,5 durante todo el período de análisis. De manera que en dos acciones de conflicto se esperan cinco víctimas: muertos o heridos, lo cual confirma la baja intensidad del conflicto. En promedio, cada mes suceden cerca de 109 eventos asociados con el conflicto, la mayoría de los cuales (68) son ataques sin oposición de otro grupo armado o las fuerzas del Estado. Durante el período de cobertura el número total de eventos registrados es de 20.967. En el gráfico 1 se ilustran los períodos que hemos definido para referirnos a la evolución reciente del conflicto. Hemos llamado “período de ajuste” a los años comprendidos entre 1988 y 1991. Durante este período tanto el gobierno como los grupos guerrilleros debieron enfrentar el ajuste financiero y estratégico que implicó el final de la Guerra Fría y el fracaso (y éxito) de los procesos de paz. Durante este período hubo un crecimiento paulatino tanto en el número de acciones como en la intensidad del conflicto, con un pico significativo en 1991 que responde a las acciones de conflicto que se presentaron antes y después de la adopción de la nueva Constitución Política en ese año. En efecto, las FARC no participaron en las negociaciones o en las elecciones a la Asamblea Constituyente y durante el período previo y posterior a la reforma constitucional se incrementaron sustancialmente sus acciones 11 Insistimos en que la relación entre la tasa de homicidio intencional y otras medidas de crimen violento e inseguridad humana tienen una relación compleja con la intensidad del conflicto. Al mencionar las cifras agregadas de muertes y heridos directamente asociados a las acciones de conflicto no pretendemos argumentar, de ninguna manera, que son estos los únicos efectos adversos del conflicto en términos de seguridad humana. violentas. En 1991 las fuerzas del gobierno desarrollaron una ofensiva de importancia en contra de posiciones estratégicas de las FARC. Durante este período también se originan las primeras manifestaciones a gran escala de la actividad paramilitar ilegal (gráfico 8), aunque presumiblemente asociadas a las mafias de narcotraficantes más a que a acciones anti-insurgentes. El período inmediatamente posterior (1992-1995), que hemos llamado de “estancamiento”, tanto la intensidad del conflicto como la frecuencia de eventos disminuyó de manera casi continua (gráficos 2 y 3). Finalmente, a partir de 1996 se inicia el período de “recrudecimiento” en el que se nota un incremento importante tanto en la intensidad del conflicto como en la frecuencia de combates y ataques (gráficos 2 y 3). Este período de recrudecimiento termina en 2002 cuando de hecho se alcanza la mayor intensidad en el conflicto armado. A partir del 2003 se presenta un cambio estructural en todas las series del conflicto.12 La guerra de guerrillas, en general, no es una guerra de enfrentamientos a gran escala. En el caso colombiano el conflicto se asimila perfectamente a este patrón. El aumento en de la letalidad del conflicto colombiano se explica en gran medida por el cambio en la composición del tipo de acciones bélicas. En efecto, los ataques crecen más rápidamente que los combates a pesar de que ambos crecen de manera acelerada (gráfico 2). Esta tendencia sólo se revierte en el último año de la muestra, cuando, por primera vez, el número de combates es mayor al número de ataques. Este último efecto, sin embargo, aparece como resultado de una tendencia constante de aumento en el número de combates que se inicia en el 2000. Otra de las características de los conflictos internos, mencionada frecuentemente en la literatura, es la asimetría en las tecnologías de guerra o conflicto entre los diferentes grupos que toman parte de la contienda armada. Nuestra base de datos permite ver con claridad esta característica. Mientras los grupos guerrilleros concentran su acción en ataques al tiempo que buscan evitar combates, las fuerzas oficiales se concentran en combatir (gráficos 4 y 5). Este patrón permite a los grupos guerrilleros economizar recursos en el desarrollo de tecnologías de lucha contra el enemigo. Los grupos paramilitares ilegales, que surgen como fuerza notoria en el conflicto interno sólo en 1997 cuando se forman las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), son una fuerza hasta cierto punto dual: se enfrentan en combates con la guerrilla, pero su principal actividad son los ataques, dentro de los cuales los homicidios selectivos masivos o masacres son preponderantes. En el gráfico 5 es notable la brecha que aparece desde 1997 en el número de enfrentamientos armados entre grupos guerrilleros y las fuerzas oficiales. Esta brecha refleja la entrada en la escena de los paramilitares ilegales como grupo de choque en contra de la guerrilla una vez se organizan en las AUC. En efecto, la “paramilitarización” del conflicto, a la cual nos referiremos en la sección 5.5, es otra de las características comunes a los conflictos violentos internos.13 Las fuerzas paramilitares ilegales parecerían estar también siguiendo el viejo dictum marxista de combinar todas las formas de lucha, llevando a cabo un número importante de ataques. Esto ha sido costoso para la guerrilla que ha debido combatir a dos fuegos; de hecho, los diferentes grupos guerrilleros desde 1995 han tomado parte en cerca de 500 combates más que las fuerzas del gobierno. Dentro de los ataques que los grupos guerrilleros realizan, la mayor frecuencia está en los ataques a poblaciones y a posiciones militares o de policía así como los hostigamientos a las mismas. Desde finales de los noventa los grupos guerrilleros incrementan el número de 12 La dinámica de los últimos meses en el conflicto es estudiada en detalle en otro documento (Restrepo y Spagat, 2004). 13 Por ejemplo, en los conflictos de Aceh-Indonesia, Timor Occidental, Kosovo, Bosnia, Guatemala y el conflicto de Chiapas en México, han surgido grupos paramilitares con significativa influencia en el conflicto. homicidios masivos selectivos. Esto ha incidido, como se muestra más adelante, en el aumento sustancial del número de víctimas civiles en operaciones de la guerrilla. En esta sección presentamos los patrones de victimización resultantes de las acciones bélicas. Para discriminar la victimización por grupos sumamos el número de víctimas de cada grupo, incluyendo las víctimas civiles, ocurridas durante las acciones en las que un grupo en particular se vio involucrado de manera activa. Dado que se trata de un conflicto interno en el cual hay tres grupos definidos que combaten entre sí, parte de la información utilizada en cada uno de los gráficos 7, 8 y 9 reaparece en los otros dos. Por ejemplo, una víctima de las FARC en un combate con la Policía Nacional aparecerá como víctima guerrillera de las acciones bélicas en las que la guerrilla tomó parte activa (gráfico 6) y como víctima guerrillera en acciones en las que las fuerzas del gobierno tomaron parte activa (gráfico 7). De cualquier forma, cada uno de los tres gráficos es preciso en lo que representa si se le considera en su unicidad. Comenzamos con las víctimas, muertos y heridos, que ocurren en las acciones bélicas en las que la guerrilla se vio activamente involucrada (gráfico 6). Lo más notable es cómo la guerrilla es el único grupo armado que produce un número importante de víctimas en los otros dos actores armados (al igual que un gran número víctimas civiles). Llama particularmente la atención que mientras que en los períodos de “ajuste” y de “estancamiento” la guerrilla se concentró en su lucha contra las fuerzas oficiales produciendo un número relativamente bajo y estable de víctimas civiles, durante el período de “recrudecimiento” ésta comienza a infringir simultáneamente un número creciente de muertos o heridos civiles así como de víctimas pertenecientes a los grupos paramilitares ilegales. Paralelamente, durante este período las víctimas de las fuerzas oficiales crecen sólo poco, y la serie se torna más volátil. Un fenómeno interesante, reflejado en el gráfico 6, es cómo el número de víctimas del gobierno y de la guerrilla evoluciona de manera muy similar con excepción del período 1996-1999, a pesar del hecho de que sus tecnologías de combate difieren de manera significativa. Los avances guerrilleros desde 1996 sobre las fuerzas oficiales son contrarrestados desde 1999. Los picos en el número de víctimas del gobierno de los 1997 y 1998 reflejan varios ataques estratégicos contra puestos militares aislados. Desde 1998, sin embargo, el gobierno mejoró notablemente en el uso de fuego aéreo lo cual significó un aumento sustancial en su capacidad de defensa. Las víctimas paramilitares antes del período de recrudecimiento son casi inexistentes. De acuerdo con esto, es posible que las fuerzas paramilitares ilegales estuvieran concentradas más en actividades de protección y defensa, probablemente ligadas al narcotráfico, que a la lucha anti-insurgente en operaciones de combate. Como se mencionó, a partir de finales de 1997 los paramilitares ilegales formaron las AUC, consolidando así una organización de alcance nacional lo que les permitió organizar ofensivas anti-guerrilleras importantes. Este incremento de víctimas paramilitares durante el “recrudecimiento” sigue la misma tendencia de las víctimas civiles. Al mismo tiempo las víctimas de la propia guerrilla también aumentan (recuérdese que se están describiendo patrones de victimización resultantes de acciones bélicas en las que la guerrilla participa activamente). En efecto, la tendencia creciente de estas tres series puede estar conectada: el incremento de víctimas civiles puede estar explicado por la feroz rivalidad entre paramilitares ilegales y guerrilleros y el hecho de que estos grupos identifican grupos civiles como parte de la “infraestructura” de apoyo del enemigo (Spencer, 2001). De hecho, cada grupo podría afirmar en su defensa que víctimas clasificadas como civiles en nuestra base de datos hacían en realidad parte del activo militar del bando contrario. El gráfico 7 muestra las víctimas de los diferentes grupos resultantes de acciones bélicas en las que las fuerzas oficiales participaron de manera activa.14 Lo primero para notar es la diferencia en el número de víctimas de las fuerzas oficiales en comparación con el gráfico anterior: las víctimas son muchas menos, lo que refleja la importancia relativa para la guerrilla de mantener sus ataques por encima de los combates en los que participa, argumento que ya se discutió. Entretanto, cuando el gobierno es una fuerza activa, toma la iniciativa y en la mayoría de los casos los eventos en los que participa son combates en los que logra causar más víctimas guerrilleras de las que la guerrilla logra causar en las filas oficiales. Esto contrasta con el número relativamente similar de pérdidas tanto guerrilleras como oficiales durante operaciones guerrilleras, como se mencionó en el párrafo anterior. Lo anterior sugiere que el gobierno mantiene una postura ofensiva hasta donde le es posible. De hecho, el mejoramiento en esta postura ofensiva ha sido continuo en los últimos cuatro años. Se nota también en este gráfico la importancia de las operaciones guerrilleras contra asentamientos militares aislados durante 1997-1998. La naturaleza de la mayor parte de estas operaciones parecería indicar que el gobierno no las ha iniciado con la intención expresa de afectar a la población civil. Se trataría entonces de un “daño colateral” lo cual se ve confirmado por el hecho de que 65% de estas víctimas son sólo heridos. El gráfico muestra un pico en 1999 en el número de víctimas civiles, año a partir del cual el desempeño oficial en este sentido ha mejorado de manera continua. En efecto, el gráfico 9 indica una mejoría en el desempeño del gobierno en el tema de derechos humanos, tema sobre el cual volveremos. Finalmente es importante destacar que los paramilitares ilegales son raramente objetivo de las acciones de las fuerzas oficiales, al menos hasta el final del período de análisis.15 El gráfico 8 muestra la victimización por grupos en eventos en los que los paramilitares ilegales han estado activamente implicados. Aunque éstos asesinaron un número importante de civiles antes del período de “recrudecimiento”, la actividad paramilitar ilegal a gran escala es un fenómeno relativamente nuevo en el conflicto colombiano. Después de un breve declive la actividad paramilitar comenzó a recuperarse en 1994-1995 coincidiendo esto con una política oficial de corta vida de apoyo a la creación de grupos de autodefensa local. Ya en 1998 la amenaza paramilitar contra la población civil se tornó sumamente grave debido a la ya mencionada consolidación de las AUC. A partir de ese momento los paramilitares comenzaron a sufrir un número considerable de bajas sin causar, a su vez, daños considerables a la guerrilla hasta 1999. De hecho, el total de las víctimas causadas a las guerrilleras ha sido inferior al número de víctimas propias. Esto sugiere una relativa ineficiencia de los paramilitares en combate. No es desventurado afirmar que precisamente esta baja eficiencia en las operaciones de combate está detrás de la decisión de los grupos paramilitares ilegales de replegarse y dedicarse al mantenimiento del control territorial e, incluso, este fenómeno puede explicar en parte el interés de estos grupos en adelantar conversaciones con el gobierno de Álvaro Uribe. Como se mencionó las AUC conciben la victimización de civiles como parte de su actividad en contra de la “infraestructura” guerrillera (Aranguren, 2001). En nuestra base de datos este objetivo se nota de manera más bien cruda: la razón de civiles muertos a heridos en 14 El lector podría esperar que los gráficos 6 y 7 fueran idénticos; pero queremos hacer énfasis en que la clave es tener presente que se trata de un conflicto tripartito. En efecto, en el gráfico 6 se incluyen eventos entre grupos paramilitares y guerrilleros sin participación activa del gobierno, por lo tanto estos eventos no se incluyen en el gráfico 7. 15 Al parecer cada vez que hay un encuentro entre paramilitares y fuerzas del gobierno los primeros evitan el contacto armado o se rinden de manera pronta. En efecto esto ha llevado a la detención de un número importante de paramilitares en las cárceles colombianas. Hay sin embargo un pico en la serie de víctimas paramilitares. Se trata de un bombardeo particular en 2002 contra una posición paramilitar que estaba siendo atacada por la guerrilla. Esto constituyó una pérdida importante para las AUC. operaciones que involucran fuerzas paramilitares ilegales es al menos cuatro veces mayor a la razón equivalente en operaciones en las que participa el gobierno lo que evidencia el asesinato intencional de individuaos desarmados. Además, uno de los resultados preliminares del examen de la dimensión espacial de nuestra base es que la mayoría de las víctimas civiles de los paramilitares ilegales ocurren en zonas activamente disputadas con la guerrilla, y frecuentemente son el resultado de masacres “selectivas” en las que los paramilitares se valen de listas de presuntos colaboradores de la guerrilla y penetran una población con el objetivo de asesinar a los miembros de ésta.16 Los paramilitares se han concentrado en esta estrategia restando atención a los combates con la guerrilla, que les produjeron muchas bajas al final del período (vea, por ejemplo, la nota 15). El número de civiles asesinados en ataques perpetrados por cada uno de los diferentes actores armados es una buena medida del nivel de inseguridad humana que se presenta debido al conflicto. Concentrarnos en ataques permite atribuir responsabilidad con mayor certeza que en situaciones de combate. Cuando hay un combate entre dos o más grupos, las víctimas se asocian a estos. Por ejemplo, en los casos en lo que la guerrilla toma una población y el gobierno responde de manera que se desarrolla un combate, las víctimas aparecen registradas como víctimas de acciones en las que el gobierno ha estado involucrado de manera activa. Por tanto, las víctimas en ataques (no en combates) son la medida más útil, de la inseguridad humana presente debido al conflicto, dada nuestra clasificación. El gráfico 9 muestra que el número de muertes civiles ha crecido de manera dramática durante todo el período de “recrudecimiento”, en especial las que ocurren durante ataques guerrilleros y paramilitares. Aún cuando durante los dos períodos anteriores (“ajuste” y “estancamiento”) los paramilitares no estuvieron lejos de la guerrilla en términos del número de muertes civiles originadas en sus ataques, durante el “recrudecimiento” los paramilitares infligieron la mayoría de víctimas civiles por fuera de combate, excepto para el último año de análisis.17 En el caso de los ataques guerrilleros una inspección de los datos sugiere que la causa del aumento en las víctimas civiles no es únicamente los ataques contra grupos de civiles sospechosos de colaborar con los paramilitares ilegales o el gobierno sino también ataques contra poblaciones enteras que en algún momento se declararon neutrales como estrategia para eludir las manifestaciones del conflicto. El incremento del número de civiles dados de baja por la guerrilla también tiene que ver con la adopción de tecnologías altamente perjudiciales para los civiles, como minas antipersonales y proyectiles hechos con cilindros de gas, extremadamente imprecisas e inestables. El patrón de víctimas civiles durante ataques de las fuerzas oficiales es más complejo. El número de éstas permanece bastante bajo, excepto 1991-1992, hasta 1998 cuando aumenta de manera débil reflejando la tendencia general como se mencionó, en los otros dos grupos. 16 La definición cuantitativa de masacre hace referencia al asesinato simultáneo de cuatro o más individuos bajo indefensión. 17 Al final de 2002 los paramilitares declararon una tregua unilateral e iniciaron negociaciones con el gobierno de Álvaro Uribe, lo que redujo el nivel de sus operaciones de manera considerable. Pero ese patrón creciente encuentra un punto de quiebre y se revierte en 2000.18 Esta dinámica es interesante: En 1998 se inicia el “Plan Colombia”, que convirtiera a Colombia en el tercer país receptor de ayuda de Estados Unidos. Una de las características del Plan Colombia es el condicionamiento de la ayuda al desempeño en términos de derechos humanos y, aunque este condicionamiento no es decisivo en la práctica para la recepción de recursos, es incuestionable que el gobierno colombiano ha sentido la presión internacional para un mejor desempeño en el campo de los derechos humanos. El gráfico 7 sugiere que tal presión podría estar funcionando y el gráfico 9 apoya esta interpretación. Al considerar, además, que durante el Plan Colombia el gobierno aumentó sustancialmente el número de víctimas infligidas a la guerrilla, la ayuda suministrada parece estar teniendo resultados exitosos.19 No obstante, si se piensa que el crecimiento de las actividades paramilitares y guerrilleras puede estar atado al Plan Colombia, este programa de ayuda deja de ser tan exitoso. De hecho, tanto Restrepo y Spagat (2003) como Mandler y Spagat (2003) han explicado, de diferente manera, tal relación. Sobre este tema retornaremos más adelante. 5.4 La dinámica de los grupos guerrilleros El gráfico 10 muestra a las FARC como el mayor generador de acciones armadas guerrilleras. No obstante, antes de 1995 no sólo el ELN era tan activo como las FARC sino que había un notable grado de coordinación en términos de las acciones conjuntas adelantadas antes de 1993 en la denominada Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB).20 Respondiendo a una dinámica que se inició en 1996 la CGSB casi desapareció como resultado de la expansión militar y territorial de las FARC. El ELN, en cambio, creció muy poco durante este período aunque incrementó su actividad brevemente durante 2000, una vez rotos los diálogos de paz. De cualquier manera, pese a la continua caída en su actividad y el incremento de la represalia oficial, el ELN está lejos de ser una fuerza completamente derrotada. La serie de “otros guerrilleros” del gráfico corresponde básicamente a acciones guerrilleras que no han sido atribuidas a una fuerza específica o a grupos guerrilleros de pequeña escala que generalmente han sido reintegrados a la sociedad luego de procesos de paz. Uno de los fenómenos comunes de los conflictos internos es que favorecen la reproducción de actividades paramilitares. En efecto, la necesidad local de operaciones de seguridad tiende a facilitar la organización de cuerpos paramilitares para proveerla. Una vez estos grupos han 18 La mayoría de los casos corresponde a víctimas civiles de operaciones militares o policiales en las que también ha habido víctimas de grupos armados, o a bombardeos sobre áreas en las que hubo acciones armadas previas. En 2002 el número de víctimas civiles incrementó debido a varias acciones antisubversivas por parte del gobierno en áreas urbanas. Varia masacres de civiles por parte de los paramilitares, en las que miembros de la fuerza pública han sido acusados de complicidad, ocurrieron entre 2000 y 2001. Nuestros datos muestran tales eventos tanto en la serie de paramilitares como en la del gobierno de manera que estamos seguros de no estar subestimando el número de víctimas civiles por parte del gobierno por fuera de combate. Vale la pena aclarar que los eventos que fueron incluidos en la base de datos fueron aquellos en los que la justicia (militar o civil) ha indicado la responsabilidad de oficiales del ejército de no haber prevenido masacres a pesar de haber contado con los medios para hacerlo. No obstante, la mayoría de los casos no ha arrojado todavía ningún fallo judicial. 19 Al comienzo el Plan Colombia estaba restringido a actividades antidroga esta distinción entre actividades anti-narcóticas y anti-insurgentes ha ido desapareciendo, de manera que el tipo y número de actividades que entran en la esfera de receptoras de ayuda del Plan Colombia ha aumentado paulatinamente. 20 La CGSB, iniciada en 1992, fue un esfuerzo de operar conjuntamente en contra de las fuerzas del gobierno. En agosto de 2003 las FARC y el ELN se comprometieron nuevamente a coordinar sus fuerzas contra el gobierno y los grupos paramilitares. aparecido como administradores de violencia, y en medio de un medio ambiente institucional frágil que supone en parte su origen, la posibilidad de que estos se tornen en grupos depredadores y se involucren en el crimen organizado es muy alta. En la mayoría de los conflictos civiles existen paramilitares, y cuando estos existen, hay diferentes grados de control o alianza entre las fuerzas del gobierno y las fuerzas paramilitares, dependiendo de diferentes factores como el grado de carencia institucional en la sociedad, el tipo de sistema político y la voluntad local y extranjera de tolerar atrocidades. La paramilitarización del conflicto comenzó en Colombia aproximadamente en 1997 (Chernick, 1998 y 2001, coincide con esta fecha). Como en los casos de otros conflictos internos, se ha alegado en diversas ocasiones la existencia de vínculos entre las fuerzas gubernamentales y los grupos paramilitares ilegales. Este tipo de argumentos, por ejemplo, son frecuentemente mencionados en los reportes anuales de organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Las cortes y otras instituciones han, de hecho, seguido diferentes procesos en contra de agentes del estado por paramilitarismo. Sin embargo, la naturaleza y fortaleza de los lazos entre los grupos paramilitares y las fuerzas bajo control estatal directo son un asunto muy complejo el cual hemos tratado en otros documentos (Mandler and Spagat, 2003, y Restrepo and Spagat, 2004). Los paramilitares parecen adelantar operaciones anti-subversivas que involucran un mayor número de atrocidades. En efecto, en sus acciones usan una “tecnología” más sucia que la utilizada por el gobierno. Pese a que el gobierno ha mejorado su desempeño en términos de derechos humanos el conflicto se ha tornado más “sucio”, especialmente por el gran aumento en las atrocidades de los paramilitares al cual la guerrilla ha respondido. La mejora en el record de derechos humanos de la fuerza pública colombiana se debe en gran parte a una decisión de política que ha sido implementada por los sucesivos gobiernos colombianos y la influencia del Plan Colombia ha jugado en la misma dirección. El Plan Colombia ha sido un mecanismo de presión para que los militares mejoren su desempeño en términos de derechos humanos. Al mismo tiempo ha provisto tecnología, (por ejemplo instrumentos de visión térmica y nocturna) así como programas de entrenamiento para soldados y jueces militares, que ha mejorado la precisión de de las operaciones del gobierno. Este cambio en el conflicto es importante en términos de la victimización de civiles. Al tiempo que se ha presentado una notoria mejoría del record de la fuerza pública en esta materia, el conflicto se ha tornado más agresivo en contra de los civiles, precisamente por el gran aumento en las víctimas civiles de las acciones de los grupos no estatales. La explicación de esta paradójica observación es objeto de análisis en otros trabajos (Restrepo y Spagat, 2003, y Mandler y Spagat, 2003). La conexión entre la viabilidad financiera de los actores y la existencia de un conflicto ha sido sugerida en la literatura por lo menos desde el trabajo seminal de Haavelmo (1954) sobre depredación. Más recientemente el Banco Mundial (2003) ha enfatizado la importancia de la viabilidad financiera de los conflictos internos como determinante fundamental de estos. En estudios econométricos de corte transversal en los que se incluyen varios países, Collier y Hoeffler (1998 y 2001) han encontrado una relación entre la depredación de rentas provenientes de recursos naturales y la presencia de conflictos civiles, aunque la magnitud de los efectos que se encuentra no es muy grande y es inestable ante diferentes especificaciones. Aquí nos limitamos a plantear para el caso de Colombia hipótesis relacionadas y para ello nos valemos del gráfico 11 en el que comparamos el valor de los ingresos por narcotráfico, calculado por Rocha (2001), con las medidas de actividad e intensidad de nuestra base de datos.21 La correlación entre el valor de los ingresos por narcotráfico y la dinámica del conflicto parece ser bastante alta, lo que estaría confirmando la noción de que las finanzas serían fundamentales para la evolución del conflicto. Sin embargo la estrecha relación se desvanece a partir de 1997 cuando simultáneamente los ingresos por narcotráfico se desaceleran y el conflicto se recrudece. Esto sucede dos años después de que el gobierno colombiano se comprometió en una guerra contra las drogas que lo condujo a desmantelar los dos principales carteles del narcotráfico. Esto arrebató de las manos de organizaciones colombianas las mayores rentas del negocio, asociadas a las etapas de transporte y distribución, debilitando las estructuras de los traficantes y creando oportunidades a los grupos armados de apoderarse de una mayor proporción de las rentas originadas en la producción y procesamiento de narcóticos, un negocio del cual participaban marginalmente hasta entonces.22 Así, la derrota de los carteles pudo haber alimentado el conflicto.23 Ni la guerrilla ni los paramilitares tienen la habilidad necesaria para reconstruir estructuras enteras de carteles de narcotráfico. Lo anterior sugiere que los progresos contra el narcotráfico no necesariamente implican un progreso en la lucha del gobierno contra la guerrilla, a menos que la contundencia de las acciones gubernamentales fuera tal que redujera sustancialmente las rentas del negocio como tal. Como se mencionó, el dinero proveniente de la droga es sólo una fuente de ingreso para la guerrilla y los paramilitares, el secuestro es otra fuente de suma importancia y Colombia tiene la tasa de secuestros más alta del mundo. El gráfico 11 muestra un acelerado incremento en los secuestros entre 1996 y 2000, durante la fase de “recrudecimiento” del conflicto.24 Esto sugiere otra posible y no previsible consecuencia de la guerra contra las drogas: la sustitución del dinero del narcotráfico con los ingresos por el secuestro. De hecho, en nuestra opinión, el gran auge en la que en Colombia es llamada “industria” del secuestro se debe, en gran parte, a la necesidad de las organizaciones no estatales de financiar sus acciones de conflicto en un contexto de presión económica sobre su otra gran fuente de financiación, el narcotráfico. Este efecto sustitución, además, podría argumentarse para explicar el crecimiento de otras actividades que a su vez son fuentes de ingreso como la extorsión, la depredación de los presupuestos de gobiernos locales, la expropiación de propiedades y las “vacunas” de protección. Sin embargo, para ninguna de éstos hay información confiable disponible de manera que se pueda probar, de forma cuantitativa, esta sustitución. 21 Las cifras de Rocha no son el valor de los cultivos pero el valor total potencial de la producción estimada. 22 Es importante mencionar que antes de la desaparición de los grandes carteles de la droga la guerrilla ya se beneficiaba de impuestos sobre las etapas básicas de producción de cocaína y heroína, esto es, del cultivo de coca y amapola y de la producción de pasta de coca y resina de amapola. En efecto estas actividades ocurrían en áreas dominadas por algún actor armado, o disputadas por varios de ellos, y estos grupos participaban “gravando” dichas actividades. Los paramilitares, hasta entonces, servían más de fuerza de protección. Sin embargo, la fortaleza de los carteles de las drogas de entonces no permitía que los grupos guerrilleros capturaran mayor parte de las rentas originadas en el negocio. 23 Otro posible mecanismo complementario para este fenómeno es que campesinos cuyos cultivos han sido destruidos como consecuencia de los programas de erradicación podrían concebir el unirse a un grupo armado como su mejor alternativa de supervivencia. 24 La serie de secuestros fue tomada de la Revista Criminalidad de la Policía Nacional. Conclusiones
Este trabajo contiene un primer análisis general sobre el conflicto armado en Colombia basado en los rasgos y tendencias principales que surgen de examinar los datos construidos con nuestra metodología de medición de un conflicto armado interno. Este análisis básico y a nivel agregado nos ha permitido generar diversas hipótesis y hacer un análisis detallado que, a nuestra manera de ver, es complementario de análisis previos del conflicto armado. Por ejemplo, la relación sugerida entre la evolución del negocio de las drogas y el conflicto llama particularmente la atención en la medida en que parecería sugerir posibles consecuencias no previstas de la guerra contra el narcotráfico y los cultivos de narcóticos. Surgen también algunas otras perspectivas que es necesario profundizar, como la relativa a los efectos del Plan Colombia, y en particular sus consecuencias en términos de derechos humanos y seguridad humana. También será útil examinarla compleja relación entre actividades criminales y acciones propiamente del conflicto y realizar el análisis dinámico de los datos desagregados. La base tiene aún más potencial. Por ejemplo, hasta ahora no hemos explotado su dimensión geográfica, lo que permitiría abordar una serie de preguntas que planteamos al inicio de nuestro documento considerando la gran diversidad regional que se observa en el conflicto. La metodología de recolección de datos sobre conflictos civiles, que en este caso aplicamos a Colombia, puede ser usada y en la construcción de bases de datos de otros conflictos civiles. Emprenderemos esa tarea construyendo una base similar en al menos otro país, lo cual permitirá desarrollar nuevas categorías de análisis y contrastar sus resultados con el caso colombiano. Referencias
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n
ita
b
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or
Estancamiento
Recrudecimiento
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Tasa de intensidad
Tasa de eventos
Tasa de homicidios
Gráfico 2. Número de Ataques y combates 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Combates
Gráfico 3. Intensidad: número de muertos y heridos 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Gráfico 4. Número de ataques, según grupo que participa en el ataque 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Guerrilla
Paramilitares
Gobierno
Gráfico 5. Número de combates, según grupo que participa en el combate 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Guerrilla
Paramilitares
Gobierno
Gráfico 6. Número de víctimas en acciones en las que participa la guerrilla Estancamiento
Recrudecimiento
f casu
o
er
Gobierno
Paramilitares
Guerrilla
Gráfico 7. Número de víctimas en acciones en las que participa el gobierno 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Gobierno
Paramilitares
Guerrilla
Gráfico 8. Número de víctimas en acciones en las que participan los paramilitares su
a
f c
o
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Adjustment
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Gobierno
Paramilitares
Guerrilla
Gráfico 9. Número de víctimas civiles en ataques, según grupo perteneciente 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Guerrilla
Paramilitares
Gobierno
Gráfico 10. Eventos en los que participa la guerrilla, según grupo attacks
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1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Otros grupos guerr
Gráfico 11. Número de eventos, víctimas (muertes y heridos) secuestros y valor de la producción de narcóticos n of US dol
io
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Number of
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Intensity
Kidnappings
Narcotics income

Source: http://personal.rhul.ac.uk/uhte/014/Din%E1mica%20del%20conflicto%20colombiano%201988-03.pdf